Teleclientelismo

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es una realidad imparable en la Argentina de hoy. La introducción de esta novedad tecnológica tiene sus ventajas como también sus desventajas. Del lado de las ventajas se puede enumerar: mejoras en la calidad de la imagen (si la señal se transmite correctamente), incremento de la cantidad de canales, y posibilidad de adaptación con servicios interactivos. Del lado de las desventajas, a su vez, puede advertirse: mayor consumo de electricidad, demoras en el zapping, congelamiento de la imagen si la señal de transmisión es débil, y la exigencia obligatoria de nuevo equipamiento para poder tener acceso a la TDT.
En este último aspecto el gobierno de los Kirchner ya tomó cartas en el asunto: progresiva y paulatinamente el Estado irá entregando decodificadores a cierto sector de la población para convertir a los televisores analógicos en digitales –lo que, seguramente, generará más de un dolor de cabeza a la hora de instalarlos. Se estima que serán los beneficiarios de planes sociales quienes reciban gratuitamente los aparatos, mientras que el resto de la población podrá adquirirlos a bajo precio en el mercado, pues ya se preparó un subsidio estatal para hacer que sus precios sean accesibles para la gente sin grandes ingresos.
En principio habrá cinco señales gratuitas (entre la que se contará un canal para niños y otro de noticias administrado por la agencia de noticias TELAM), pero a medida que los meses transcurran se irán agregando nuevos canales, al mismo tiempo que la red TDT irá conquistando territorio en todo el país.
La inversión del gobierno nacional para financiar el proyecto ronda los 700 millones de pesos, pero la cifra irá engordando a medida que el asunto prospere en las provincias. Semejante gasto de dinero público tiene un único propósito: armar un monopolio comunicacional para combatir contra la corporación mediática privada en las próximas elecciones de 2011. La jugada, como buena estrategia kirchnerista, bombardea la ética, pues se introduce la TDT no porque haya un interés por parte del gobierno de mejorar la calidad de vida de los argentinos, sino porque como esta tecnología no está normativizada ni regulada a causa de su novedad, entonces pueden violar la disposición que obliga al Estado a tener no más de una señal nacional (analógica) bajo su dominio.

La cuestionada transparencia en los sistemas de votación electrónica

Los que principalmente se le critica en todo el mundo a los sistemas de votación electrónica son dos cuestiones: su falta de fiabilidad y su falta de transparencia. En rigor los sistemas de votación a través de papeletas también adolecen de lo mismo, pues siempre existen errores de conteo cuando se manipulan cifras grandes y también existen sospechas sobre si los resultados fueron o no efectivamente adulterados (especialmente cuando la fiscalización del proceso es insuficiente). Pero aún así, pese a ello, se intenta que todo el proceso electoral se mantenga abierto. Los sistemas de votación electrónica, que se jactan de ser más exactos y veloces que los otros, no garantizan ese mismo grado de apertura, por lo que, en este sentido, no son básicamente iguales a sus pares, sino un tanto peores.

El problema de la apertura está relacionado al asunto del secreto. El voto secreto es un elemento esencial de la cultura democrática, pues está pensado para que el votante decida sin recibir presiones ni sufrir sanciones o persecuciones por su elección. Pero al mismo tiempo es lo que da oportunidad para fraguar las elecciones. Para contrarrestar el posible fraude sólo hay una opción: la transparencia.
La apertura presupone a la transparencia. Si hay apertura sin transparencia, esto es si hay participación con elementos turbios, entonces tal apertura es inútil. Dicho vulgarmente, “es lo mismo que nada”. La apertura se logra a través de la participación, lo que a su vez promueve a la transparencia: mientras más ciudadanos participen del proceso electoral, más abierto se mantiene y más transparente se vuelve. Las cosas suelen enturbiarse en las mesas donde se realizan los primeros escrutinios, y luego acontece un hecho similar al realizarse el recuento general y definitivo. Pero la escalada de fraudes, para ser exitosa, termina involucrando a demasiada gente y solicitando una cantidad muy amplia de recursos para no venirse abajo. El sistema de papeletas trata de conseguir algo de apertura que, al menos teóricamente, es más de la que buscan los sistemas de votación electrónica.
Los sistemas de votación electrónica, como venimos sosteniendo, son igual de vulnerables que los otros, pero la ventaja (para los tramposos) es que sólo precisan de muchos menos recursos y de un menor número de involucrados para falsificar el resultado final de una elección. En efecto, al implementar sistemas de votación electrónica lo único que se hace es entregar la responsabilidad del proceso electoral público a una empresa privada. Tal acto es una estafa evidente.
Al no disponer del código fuente de los programas que gestionan la votación, vale decir al no utilizar un software libre, la población ignora de qué modo funciona el programa, cómo anota, suma, ajusta y almacena los resultados. El software libre es un mínimo exigible en este tipo de acontecimientos, y aún así no es del todo confiable.

RFID: el Pequeño Hermano

Algunas consideraciones

Los Dispositivos de Identificación con Radio-Frecuencias (“Radio Frequency Identification Device” en inglés o RFID) son un artilugio que surgió en algún momento de la primera mitad del siglo XX –no se sabe si en EEUU, en Inglaterra o en la URSS– y que se popularizó a partir de la década de 1960. Sin embargo este dispositivo no se masificó sino hasta comienzos del siglo XXI.
Concretamente el RFID es un microchip que emite radiofrecuencias, y que se introduce en diversos objetos con el fin de poder localizarlos e identificarlos lejanamente. Para ser detectados no hace falta el contacto con un aparato lector, sino solamente la proximidad. La distancia precisada para leer un RFID varía de un chip a otro.
Los RFID pueden ser clasificados en dos grandes grupos: (A) pasivos y (B) activos. Los “pasivos” son de corto alcance y carecen de fuentes de energía, porque funcionan con la energía que los detectores de radiofrecuencias les transmiten. Los “activos”, en cambio, pueden ser leídos a varios cientos de metros pero su éxito está ligado a la resistencia de las baterías de las cuales dependen. Son los del grupo A los que más abundan en la vida cotidiana.
Puesto que los RFID transmiten información a una lectora de manera automática, se los tiende a considerar una tecnología hermana de los códigos de barras. Empero la diferencia entre un RFID y un código de barras es que mientras el último brinda información genérica sobre el objeto en el que se encuentra, el primero brinda información particular. Dicho más puntualmente: un código de barras puede decirle a una lectora la marca, el peso y el valor de todas las bolsas de azúcar que hayan en un supermercado, mientras que el RFID puede indicar lo misma pero de cada bolsa. Supongamos que el supermercado dispone el precio de una marca de azúcar pautando cierta cantidad de dinero a cambio de un determinado peso del producto, y supongamos que los fabricantes de esa marca de azúcar ponen en algunas bolsas más azúcar que en otras: con el código de barras se paga siempre lo mismo, mientras que con el RFID se paga lo que la lectora establece por cada bolsa.
Evidentemente lo que buscan los que emplean los RFID es no sólo poder localizar objetos sino también homogeneizarlos.

De ciudadano a cliente

El concepto de ciudadano es el eje sobre el que descansa la idea de república. Una república sin ciudadanos no es una república, no es una cosa pública (de todos) sino privada (de algunos). En Argentina el concepto se introdujo en 1810, se formalizó en 1816, y desde entonces se ha llevado a cabo una incansable lucha para consolidarlo: el ciudadano aparece como el que liquidará la división entre amos y esclavos, y pondrá a todos los habitantes bajo el imperio de la misma ley, habilitándolos para gozar de los mismos derechos y exigiéndoles que cumplan las mismas obligaciones.
No obstante el concepto de ciudadano es frágil, y tiende a deformarse inadvertidamente. Es decir, todos los habitantes de un territorio estamos obligados a ser ciudadanos todo el tiempo, pudiendo ocupar a veces otros roles (pero sin abandonar jamás al de ciudadano). Sin embargo siempre han existido interesados en que renunciemos a ser ciudadanos, interesados en que olvidemos nuestra responsabilidad cívica, y nos comportemos de manera en que ellos salgan ampliamente beneficiados. De ese modo los ciudadanos nos convertimos en entregadores de bienes propios a cambio de la adquisición de un producto que sólo un único proveedor puede darnos: eso se llama ser “cliente”.
Un consumidor de una determinada marca o un votante de una determinada fuerza política puede tornarse cliente si la marca o la fuerza política plantean una estrategia en que –coercionado o voluntariamente– el consumidor o el votante “entrega” su libertad, decide optar por ellos, a cambio de la obtención de un beneficio que consideran mejor que el que otros pueden darle, y después les cuesta o les duele renunciar a ese beneficio. En el campo empresarial conseguir clientes es el acto socialmente más apreciado, en el político, en cambio, es el más despreciado. El problema más grave es cuando –a través del clientelismo– los políticos convierten al votante en consumidor, y el empresariado torna al consumidor en votante. Ambos movimientos afectan profundamente al concepto de ciudadano, reestableciendo la división entre amos y esclavos. Los RFID, dentro de este relato, vienen a ser armas para la destrucción de la ciudadanía y herramientas de fabricación clientelar.

El imperio de la publicidad o/y el fin de la privacidad

Al adquirir un objeto con un RFID incorporado es muy probable que éste sea introducido en un ámbito privado (un lugar de trabajo, una vivienda, etc). Con la tecnología adecuada, el fabricante del objeto puede rastrear a su producto en donde sea que esté, y conseguir así invadir propiedad privada como una suerte de espía ignorado. De esa manera el fabricante puede conocer todos los hábitos de consumo de quien compró el producto: puede saber si lo utiliza sólo en determinadas horas del día, si lo mantiene en un lugar a la vista o en algún afuera de la misma, si lo conserva por mucho tiempo o por muy poco, etc. Esa información, para cualquiera que quiera hacer un producto personalizado para un consumidor (vale decir para cualquiera que quiera tener clientes), es crucial.
En los últimos años los sectores industriales invirtieron grandes cifras para investigar, desarrollar y utilizar a los RFID con la excusa de que estos les permiten eficientizar sus sistemas logísticos; sin embargo, si la industria no tuviese en mente su ampliación al campo de la publicidad, hubiesen gastado muchísimo menos dinero en el asunto.
Los RFID permiten prolongar una tendencia: convertir a la publicidad en algo cada vez más invasivo. Así como los colectivos pasaron de ser orugas de metal multicolores a inquietos carteles móviles, así también las ciudades se irán tornando gigantescos shoppings gracias a la proliferación de los RFID y la tecnología asociada, y como todo ocurrirá gradualmente no se podrá diferenciar lo que es publicitario de lo que no lo es.
A medida que la publicidad se personaliza los productos se transforman no para mejorar su calidad sino para que el consumidor genere mayor dependencia hacia ellos. El más rico no es el que más posee sino el que menos necesita: la publicidad no tiene otro objetivo más que ofrecer algo que satisfaga una necesidad y crear nuevas necesidades, por tanto a mayor publicidad de las empresas mayor pobreza de los consumidores. La publicidad personalizada –que encuentra en los RFID un aliado poderosísimo– es un invento excelente, pero no para los consumidores sino para los mercaderes.

Vigilar, castigar y obligar

Hablar de chips hace veinte años atrás era emplear un idioma desconocido. Hoy todo el mundo tiene una idea más o menos general de lo que es un chip, pues estos elementos están ampliamente presentes en nuestra vida cotidiana, incluidos en toda clase de los objetos que nos rodean. Sin embargo una cosa es estar rodeado de chips, y otra muy distinta es que los chips estén dentro de nosotros.
En 2005 la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (“Food and Drugs Administration” en inglés o FDA) autorizó la implantación de RFID en seres humanos. Fue en el marco de un programa médico, en el que se buscó a enfermos de alzheimer –gente muy propensa a extraviarse– para monitorearlos y reforzar su seguridad. Ya desde hacia varios años que esta tecnología se aplicaba en animales, creando sistemas para combatir el abigeato o para controlar a las mascotas domésticas, pero en 2005 se atravesó una barrera. No faltaron quienes vieron numerosas ventajas en implantar chips a las personas: almacenamiento de datos clínicos –para que, por ejemplo, en caso de accidentes los médicos sepan que no pueden aplicar tal o cual medicamento al cual es alérgico el accidentado–, impedimento para la suplantación de identidad, localización de desaparecidos, reconocimiento de gente sindicada como terroristas o delincuentes reincidentes, etc.
¿Pero nadie vio las desventajas? Aunque no quieran verlas están ahí. Esa eliminación paulatina de la privacidad de la que podrían beneficiarse no sólo las corporaciones capitalistas sino también los Estados, viola un principio básico de las leyes diseñadas por ciudadanos y para ciudadanos: en el ámbito privado no se puede obligar a alguien a hacer lo que no quiere ni se le puede prohibir hacer algo que no está prohibido.
Aquí entra en juego una discusión profunda sobre la diferencia entre ética y justicia, pero para no demorarnos en ella retengamos lo esencial y planteemos un ejemplo: nadie nos obliga a estar sanos, pero si queremos, por ejemplo, conseguir un seguro de vida, entonces lo mejor es vivir sanamente, o al menos fingir hacerlo hasta conseguir el seguro. Al demoler la privacidad se demuele también la posibilidad de aparentar. Es cierto que la apariencia sirve para ejercer la mentira, pero es innegable también que sirve para proteger la intimidad, pues nos evita exponer todo eso que somos y hacemos y que, sin dañar a terceros ni atentar contra el bien ciudadano, no deseamos que se conozca públicamente. Y son más los casos en que las personas se encuentran por debajo de su reputación que los casos en las que se encuentran por arriba. En un mundo sin privacidad para conseguir un seguro de vida no basta con parecer sano: hay que estarlo. Y así como uno está si o si obligado a hacer A para conseguir B, también estará obligado a hacer X para conseguir Y. El problema es que esa X puede ser cualquier cosa, siendo la peor de ellas votar –y por tanto legitimar– a un determinado candidato para recibir un beneficio que de lo contrario se nos negaría.
Mientras menos privacidad exista más obligados estaremos a hacer lo que se nos dice que hagamos, seremos menos independientes y más homogeneizables, hasta que un día dejemos de ser una sonrisa, un corazón, una voz, un vientre, etc. que remiten en su conjunto a una identidad única e irrepetible, y pasemos a ser un número opaco, una unidad de producción, un ente “sin entidad”.

El negocio de lo público

Sabemos que el principal motor económico de la Argentina es la actividad del Estado. Esto es aprovechado por muchos para hacer toda clase de negociados, ya que el dinero público (lo que el Estado recauda en base al aporte impositivo de los ciudadanos) existe en grandes cantidades. Así hay todo un sistema corrupto –que involucra a los gobiernos de turno– en donde se licitan muchas obras, útiles o inútiles, para beneficiar a algunos empresarios amigos de los poderosos (empresarios que, generalmente, apoyan económicamente las campañas, arreglan gustosamente pagar elevadas coimas por cada licitación que ganan, y cosas por el estilo).
Uno de estos negociados más innovadores son las elecciones realizadas mediante sistemas de elección y/o conteo electrónico. La votación electrónica cuenta con algunas ventajas como la agilización del recuento final, pero también con otras desventajas como la falta de familiaridad del sistema (tanto por parte de los usuarios como por parte de los operarios), la exigencia de cierta infraestructura para garantizar el correcto funcionamiento ante una eventual falla, y la incapacidad para asegurar la completa transparencia del proceso por el hecho de ni siquiera prometer utilizar un software libre.
En este asunto hay más respaldos que oposiciones. Concretamente en Tucumán, la vergonzosa Constitución que se aprobó en 2006 para sacar de circulación a la infame Constitución vigente desde 1991 sostiene, en el inciso tercero de su artículo 43, que la provincia debe adoptar el régimen de votación electrónica. Esto significa que se institucionaliza algo que es severamente cuestionado a nivel global, sólo para abrirle las puertas a las licitaciones irregulares, a los sobreprecios y a la corrupción tan socialmente repudiada.
Sin embargo cuando la escribanía gubernamental que cumple el rol de Legislatura Provincial sancionó una ley para aplicar el voto electrónico en Tucumán durante 2007, el Poder Ejecutivo terminó vetando a esa disposición. ¿Por qué? Difícil saberlo a ciencia cierta, pero quizás fue porque la provincia no está para hacer un gasto tan elevado (según La Gaceta implementar el sistema costaría un poco más del doble que el sistema tradicional de papeletas, y habría que esperar varias elecciones para amortizar el gasto, pero tomando en cuenta que, mientras tanto, los equipos requieren de mantenimiento y que la tecnología se obsoletiza velozmente, lo que incrementa el gasto final). Otro motivo podría ser que en Casa de Gobierno consideraron seriamente los diversos casos alrededor del mundo (en Países Bajos, en California, etc.) en donde se ha puesto en jaque a los sistemas de votación electrónica. ¿O simplemente será tal vez que Alperovich no tiene buenos amigos con quien cerrar el negocio?