El negocio de lo público

Sabemos que el principal motor económico de la Argentina es la actividad del Estado. Esto es aprovechado por muchos para hacer toda clase de negociados, ya que el dinero público (lo que el Estado recauda en base al aporte impositivo de los ciudadanos) existe en grandes cantidades. Así hay todo un sistema corrupto –que involucra a los gobiernos de turno– en donde se licitan muchas obras, útiles o inútiles, para beneficiar a algunos empresarios amigos de los poderosos (empresarios que, generalmente, apoyan económicamente las campañas, arreglan gustosamente pagar elevadas coimas por cada licitación que ganan, y cosas por el estilo).
Uno de estos negociados más innovadores son las elecciones realizadas mediante sistemas de elección y/o conteo electrónico. La votación electrónica cuenta con algunas ventajas como la agilización del recuento final, pero también con otras desventajas como la falta de familiaridad del sistema (tanto por parte de los usuarios como por parte de los operarios), la exigencia de cierta infraestructura para garantizar el correcto funcionamiento ante una eventual falla, y la incapacidad para asegurar la completa transparencia del proceso por el hecho de ni siquiera prometer utilizar un software libre.
En este asunto hay más respaldos que oposiciones. Concretamente en Tucumán, la vergonzosa Constitución que se aprobó en 2006 para sacar de circulación a la infame Constitución vigente desde 1991 sostiene, en el inciso tercero de su artículo 43, que la provincia debe adoptar el régimen de votación electrónica. Esto significa que se institucionaliza algo que es severamente cuestionado a nivel global, sólo para abrirle las puertas a las licitaciones irregulares, a los sobreprecios y a la corrupción tan socialmente repudiada.
Sin embargo cuando la escribanía gubernamental que cumple el rol de Legislatura Provincial sancionó una ley para aplicar el voto electrónico en Tucumán durante 2007, el Poder Ejecutivo terminó vetando a esa disposición. ¿Por qué? Difícil saberlo a ciencia cierta, pero quizás fue porque la provincia no está para hacer un gasto tan elevado (según La Gaceta implementar el sistema costaría un poco más del doble que el sistema tradicional de papeletas, y habría que esperar varias elecciones para amortizar el gasto, pero tomando en cuenta que, mientras tanto, los equipos requieren de mantenimiento y que la tecnología se obsoletiza velozmente, lo que incrementa el gasto final). Otro motivo podría ser que en Casa de Gobierno consideraron seriamente los diversos casos alrededor del mundo (en Países Bajos, en California, etc.) en donde se ha puesto en jaque a los sistemas de votación electrónica. ¿O simplemente será tal vez que Alperovich no tiene buenos amigos con quien cerrar el negocio?