La Televisión Digital Terrestre (TDT) es una realidad imparable en la Argentina de hoy. La introducción de esta novedad tecnológica tiene sus ventajas como también sus desventajas. Del lado de las ventajas se puede enumerar: mejoras en la calidad de la imagen (si la señal se transmite correctamente), incremento de la cantidad de canales, y posibilidad de adaptación con servicios interactivos. Del lado de las desventajas, a su vez, puede advertirse: mayor consumo de electricidad, demoras en el zapping, congelamiento de la imagen si la señal de transmisión es débil, y la exigencia obligatoria de nuevo equipamiento para poder tener acceso a la TDT. En este último aspecto el gobierno de los Kirchner ya tomó cartas en el asunto: progresiva y paulatinamente el Estado irá entregando decodificadores a cierto sector de la población para convertir a los televisores analógicos en digitales –lo que, seguramente, generará más de un dolor de cabeza a la hora de instalarlos. Se estima que serán los beneficiarios de planes sociales quienes reciban gratuitamente los aparatos, mientras que el resto de la población podrá adquirirlos a bajo precio en el mercado, pues ya se preparó un subsidio estatal para hacer que sus precios sean accesibles para la gente sin grandes ingresos.
En principio habrá cinco señales gratuitas (entre la que se contará un canal para niños y otro de noticias administrado por la agencia de noticias TELAM), pero a medida que los meses transcurran se irán agregando nuevos canales, al mismo tiempo que la red TDT irá conquistando territorio en todo el país.
La inversión del gobierno nacional para financiar el proyecto ronda los 700 millones de pesos, pero la cifra irá engordando a medida que el asunto prospere en las provincias. Semejante gasto de dinero público tiene un único propósito: armar un monopolio comunicacional para combatir contra la corporación mediática privada en las próximas elecciones de 2011. La jugada, como buena estrategia kirchnerista, bombardea la ética, pues se introduce la TDT no porque haya un interés por parte del gobierno de mejorar la calidad de vida de los argentinos, sino porque como esta tecnología no está normativizada ni regulada a causa de su novedad, entonces pueden violar la disposición que obliga al Estado a tener no más de una señal nacional (analógica) bajo su dominio.
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