HLT-TV

Hace unos días el legislador ucerista Federico Romano Norri propuso que todas las sesiones de la Legislatura Provincial (actualmente transformada en una escribanía informal del gobierno de Alperovich) sean transmitidas en vivo y en directo a través del sitio web oficial de la entidad y por la pantalla de Canal 10.
La propuesta no es mala, puesto que la ciudadanía tiene derecho a conocer con la mayor exactitud posible qué es lo que se discute y cómo es que se lo hace. De todos modos, al transmitir las sesiones legislativas en directo utilizando el Canal 10 se generaría inevitablemente una interrupción en la transmisión de la programación habitual. Los programas de la mañana y de la tarde de Canal 13 se verían desplazados por la actividad de nuestros políticos. ¿Valdría la pena el cambio de lógica televisiva para reemplazar aquello que se hace con sentido comercial por algo que, por el contrario, se hace con valor cívico? Ciertamente no, y ello no se debe a que uno quiera que la gente siga viviendo en la burbuja televisiva que produce Canal 13, sino que hay que tomar en cuenta que –como ya lo hemos dicho– la política actual es vergonzosa, pues prima la devaluación de la palabra y la falta de ideas e ideologías. Ver a Ricardo Fort hablando imbecilidades es menos torturante que escuchar a obsecuentes como José Orellana, Ramón Cativa o Sisto Terán negando la realidad.
La solución, quizás, consistiría en convertir a las transmisiones televisivas en “retransmisiones” televisivas, enviando a la filmación de la sesión parlamentaria al horario de la madrugada, reemplazando a la intromisión en la pantalla tucumana de 678 y cubriendo hasta la mañana al Canal Ecuentro.

¿Cómo descargar videos de YouTube?

YouTube es el gigante en materia audiovisual de la Internet. Muchas veces disfrutamos de contenidos que, por diversos motivos, desearíamos tener en nuestras computadoras como archivos de audio o de video. Obtener dichos archivos es sencillo, pues existen diversas opciones en la red para hacerlo.

Aquí las cinco más recomendadas:

1. Dirpy. Permite conservar los videos en diversos formatos y también optar por sólo guardar los audios.
2. Video DownloadHelper. Es una extensión útil para Firefox. Recomendada si se tiene el hábito de descargar videos.
3. Easy YouTube Video Downloader. Otra extensión muy útil para Firefox, de características similares a la anterior.
4. aTube Catcher. Es un software apto para Windows, que permite descargar videos de toda clase de sitios como MySpace, Dailymotion, Megavideo, Google, Yahoo!, Metacafe, Spike, Megarotic, Globo, RTVE, YouTube y otros.
5. Keepvid.com. Una página muy usada y muy fácil de usar.

Los auténticos cyberñoquis tucumanos

“PaGero”

Se ha llamado “cyberñoquis” a un grupo de flamers que navegan en la web defendiendo al gobierno kirchnerista en los foros y en los blogs más influyentes y más visitados por los usuarios argentinos de Internet. Sin embargo el término podría tener una segunda acepción, ya que se ajustaría perfectamente a aquellos diputados que, a la hora de presentar fundamentaciones en el Congreso para validar sus proyectos de ley, sus declaraciones oficiales o sus resoluciones, se valen de textos plagiados directamente de la Internet.

La información que circula a través de miles de sitios de la red está sometida a regimenes de propiedad intelectual. Es decir, lo que se encuentra en Internet fue producido por alguien que posee los derechos de propiedad sobre esos contenidos (textos, videos, audios, etc). Muchas personas eligen desafiar el sistema convencional de protección de los derechos de propiedad –lo que se conoce como “copyright”– y optan por colocar sus producciones bajo licencia “creative commons” –también conocida como “copyleft”. No obstante aún cuando un contenido está bajo licencia copyleft, esto no significa que los autores no existan, por lo que, para utilizarlo, exige citación o reconocimiento de la fuente desde donde la información fue extraída.

Hace unas semanas el periodista José Benegas señaló en su programa en FM Identidad que el diputado tucumano Gerónimo Vargas Aignasse fundamentó varios proyectos de ley y declaraciones utilizando la información que se encuentra en Wikipedia, información que es protegida por copyleft. Lo irónico es que en un proyecto en el que el diputado de los escándalos sugería reforzar las sanciones contra los plagiaristas, el propio texto de fundamentación era un inocultado plagio de la entrada sobre Plagio presente en Wikipedia. Vargas Aignasse y los asesores que redactaron el escrito en ningún momento citaron la fuente, lo que significa que pasaron por encima del copyleft, ya que el texto fue presentado como de propia autoría. Sin embargo se justificaron sosteniendo que en ningún lugar de los reglamentos del Congreso Nacional se apunta que sea necesario citar fuentes o no plagiar los textos que se leen en el recinto. Incluso Vargas Aignasse llegó a intentar minimizar el asunto diciendo que lo señalado no era más que una campaña en contra suya perpetuada por la corporación mediática que intenta desestabilizar al gobierno para no perder sus privilegios, que es algo muy parecido a decir que el policía que le levanta una multa a alguien por alguna infracción que verdaderamente comete es un enemigo que quiere perjudicarlo.

En La Gaceta se publicó la información recién el 16 de mayo –una vez que ya hubo aparecido en varios otros medios nacionales como Perfil, NCN, etc. e internacionales como Techdirt, Geekosystem, etc. (en este último caso Gerónimo puso el nombre de Tucumán a girar por todo el mundo, justo igual a la camwhore Lucía Rossi)–; los foristas del popular diario provincial ejecutaron un linchamiento digital en el que reconstruyeron el prontuario del político, trayendo a la luz todas sus chantadas: la hija biológica que le llevó siete años reconocer como propia, el container de indumentaria que quería contrabandear desde Brasil utilizando a una fundación sin fines de lucro como pantalla, la acusación de intento de soborno al ex juez Felipe Terán, y un largo y lamentable etcétera.

PaGero y Cía.

¿Pero es Vargas Aignasse el único diputado que plagia de Internet? No, no lo es. Muchos diputados hacen exactamente lo mismo. Y no sólo los políticos lo hacen, hay casos de académicos, comunicadores, estudiantes y muchas otras personas que obran de igual manera.
Alteróptico decidió revisar los textos de fundamentación de algunos congresales tucumanos y constrastarlos con la información que circula en la red. Los plagios sobran.

Miriam Gallardo

Proyecto: 0472-D-2010 (DECLARACION: EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE LA REPUBLICA DE CHILE, COMO CONSECUENCIA DEL TERREMOTO OCURRIDO EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2010.) - 04/03/2010, junto a Susana Díaz

Se lee: “ Según fuentes oficiales, serían mas de 700 los muertos que dejó hasta el momento el terremoto, procedes de las regiones del Maule y de Bio Bío, informó la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI).
Según el organismo, dependiente del Ministerio del Interior de Chile, la región del Maule fue la más afectada por el sismo, con 541 víctimas mortales y cuatro desaparecidos, hasta el momento.
En la región del Bío Bío, el número de infortunados se elevó a 64 y las 103 víctimas mortales restantes se reparten entre distintas regiones.
En la región O'Higgins se registraron 46 muertos y dos desaparecidos, en la Metropolitana de Santiago fueron 36 los que perecieron y cinco los desaparecidos, mientras que en la región de Valparaíso el número de muertos se elevó a 16, con ocho personas desaparecidas, y en la Araucanía hubo cinco muertes. ”

Web de la que el texto fue extraído: El Mundo

Proyecto: 0470-D-2010 (DECLARACIÓN: ADHERIR AL "DIA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA", A CONMEMORARSE EL DIA 5 DE MARZO DE CADA AÑO.) - 04/03/2010, junto a Susana Díaz

Se lee: “Hacer uso racional de la energía no significa prescindir del confort del que disfrutamos en la actualidad sino en usar y producir nuestra energía mucho más eficientemente y aumentar el uso de energías renovables el agua, el viento y el sol.”
[En el texto original se incluye al final "la biomasa"; probablemente ni Gallardo ni Díaz sepan de que se está hablando al referir ese concepto y seguramente por ello omitieron la palabra]

Web de la que el texto fue extraído: eRenovables. Blog de energías renovables

Juan Salim

Proyecto: 1002-D-2007 (RESOLUCIÓN: EXPRESAR ADHESION A LOS HOMENAJES QUE SE REALIZARAN EL 25 DE MARZO DE 2007 EN CONMEMORACION DE LOS 30 AÑOS DEL ASESINATO DEL ESCRITOR Y PERIODISTA RODOLFO WALSH.) - 26/03/2007

Se lee: "El 25 de marzo de 1977 un pelotón especializado emboscó a Rodolfo Walsh en calles de Buenos Aires con el objetivo de aprehenderlo vivo. Walsh, se resistió, hirió y fue herido a su vez de muerte. Su cuerpo nunca apareció."

Web de la que el texto fue extraído: Literatura Argentina Contemporánea

Proyecto: 4629-D-2008  (LEY: DECLARAR COMO DIA DEL PROFESIONAL EN TURISMO AL 16 DE OCTUBRE.) - 29/08/2008

Se lee: "En la profesión en turismo está en juego el derecho de las personas a tener acceso al empleo de su tiempo libre para fines de ocio y viajes. El Código de Ética de la Organización Mundial del Turismo, entidad integrante de la Organización de Naciones Unidas, del cual forma parte la Argentina, exige al profesional en turismo ser veraz en la información sobre los lugares de destino y las condiciones de viaje, el estricto cumplimiento de los contratos, velar por la seguridad y la prevención de accidentes, la protección sanitaria y la higiene alimentaria de quienes recurran a sus servicios; preocuparse por la existencia de seguros y sistemas de asistencia adecuados."

Web de la que el texto fue extraído: Adriana E. Romero Parajón

Stella Maris Córdoba

Proyecto: 4020-D-2007  (LEY: INSTITUIR AL 23 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO DIA NACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y EL TRAFICO DE PERSONAS, EN CONMEMORACION A LA FECHA DE PROMULGACION DE LA LEY 9143 DE NUESTRO PAIS, QUE FUE LA PRIMERA NORMA LEGAL EN EL MUNDO CONTRA LA PROSTITUCION INFANTIL QUE SE CONOCE COMO LA "LEY PALACIOS".) - 14/08/2007

Se lee: "El antiguo Reglamento de Prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875, decía simplemente, con suma hipocresía: 'no podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieren entregado a la prostitución con anterioridad'"

Web de la que el texto fue extraído: MediaLab Rosario

La devaluación de la palabra

Gerónimo Vargas Aignasse y los otros diputados mencionados aquí con nombre y apellido no son casos excepcionales –lo excepcional es encontrar diputados que no se comporten del mismo modo. Estos parlamentarios que tienen una voz construida por la Internet, tienen también un voto manejado por sus jefes políticos (que, a su vez, son quienes manejan las cajas de recaudaciones del Estado). En nuestro artículo hemos seguido sólo a diputados oficialistas, pero los de la oposición no están demasiado lejos de ellos, al menos en aspectos como éste.

La política sufre de la devaluación de la palabra. Cuando le fue otorgado el premio Nobel de Literatura a Winston Churchill fue en parte por sus escritos y en parte por sus discursos. Hace no mucho tiempo atrás la oratoria era un aspecto fundamental para el éxito de un político: muchos de ellos, al cabo de unos años, reunían orgullosos todas sus intervenciones orales emitidas en el Congreso y las publicaban en forma de libro, como un pequeño aporte documental para la historia del país y como un testimonio de su actuación en la dirección de los destinos de toda una nación. Hoy en día a nadie le importa lo que se diga en Congreso, ni siquiera los diputados se escuchan entre sí, pues están todos más pendientes de hablar para las cámaras que los filman que de debatir y consensuar propuestas para el beneficio común (esto se comprueba en el hecho de que en cada sesión parlamentaria muchos representantes se turnan para hablar pero al final terminan o concluyendo apurados o interrumpidos porque se les agotó el tiempo previsto que tenían para decir lo suyo, como si el mensaje que trasmiten no fuese en el fondo más que una formalidad tediosa con la que tienen que cumplir, pero irrelevante al momento de la sanción de nuevas leyes).

El Estado está gobernado por tres poderes, pero ello sucede sólo en la teoría no en la práctica. En la práctica el Poder Ejecutivo intenta someter a los otros dos, y cuando no lo logra termina involucrado en penosos enfrentamientos contra el Poder Legislativo (siempre tan heterogéneo y dispuesto a negociarse en contra de los votantes) y desafiando al Poder Judicial (que asume posiciones defensivas para no perder sus privilegios). En los márgenes de esas permanentes luchas por el poder usualmente queda el pueblo, queda el usuario anónimo de Internet que termina escuchando lo que escribió para la red en boca de un político que gobierna en su contra.

El limón mecánico

Tucumán es una provincia en la que la industria del citrus es muy exitosa. Todos los años las empresas citrícolas cultivan y cosechan cítricos (principalmente limas y limones), que luego procesan y, en su gran mayoría, exportan al extranjero.

Dentro de la cadena de producción en esta industria hay diversos niveles, siendo el de los peones rurales o cosecheros el más bajo. Sin cosecheros la industria no funciona. Por este motivo el sindicato que los nuclea, UATRE, efectúa huelgas antes de cada campaña con el objeto de defender a sus afiliados de los abusos de la patronal. Fundamentalmente UATRE exige salarios y jornales acordes a la labor realizada, pidiendo también que se respeten todas las leyes y disposiciones ya existentes que protegen a los trabajadores. Sin embargo ni UATRE ni tampoco los cosecheros autoconvocados, que –disconformes con los arreglos oficiales del sindicato– realizan piquetes en las rutas, demandan algo crucial: frenar la implementación de tecnologías de RFID sobre ellos.

En efecto, la empresa Argenti Lemon SA (cuyo lema, irónicamente, es "Limón... Calidad de Vida") emplea cerca de dos mil pulseras que tienen un chip RFID. Con ellas logran eliminar el sistema de formularios impresos que empleaban antes para controlar a sus empleados –alimentando el mito del capitalismo sin papel. Además entregan recipientes que también poseen chips RFID. De ese modo los capataces de Argenti Lemon pueden hacer el seguimiento a distancia, y conocer con total exactitud la cantidad de limones que cada cosechero recoge. Esta tecnología inalámbrica -que acopia datos mediante una suerte de radar, procesa información y archiva los resultados en modernas computadoras- genera la sensación de que el “progreso” llegó al mundo rural.

No obstante es sabido que los chips RFID no son nada amistosos con los seres vivos. En muchos países se implementaron programas para implantar chips a las mascotas, con la excusa de que en caso de pérdida éstas serían rápidamente localizadas. En EEUU se dio un paso más adelante y se aprobó el uso de los chips en seres humanos. Muchas de las mascotas que tenían los implantes comenzaron a morir al cabo de un tiempo, por causas no del todo claras. Al investigar salió a la luz el problema: cáncer.

Según estudios con animales de laboratorio, la tecnología RFID implantada en seres vivos genera riesgo de provocar cáncer. La tasa de afectados oscilaría entre el 1 y el 10% del total de individuos con chips debajo de la piel.

En el caso de nuestro cosecheros de limón, Argenti Lemon –por ahora– no les exige que se implanten los chips debajo de la piel, pero si los obliga a que se rodeen de ellos. Cada trabajador está en contacto con, al menos, dos chips cuando trabaja, chips que son activos y que, por tanto, poseen baterías. En el campo, desde hace poco, está estipulado que la jornada de trabajo no supere las ocho horas, pero dicha disposición suele no cumplirse. Entonces los cosecheros tucumanos de Argenti Lemon están seis días a la semana, durante una gran cantidad de horas, en contacto directo con dos chips RFID activos. El cáncer, al menos para un cierto porcentaje de los cosecheros, está al acecho.

Lucía Rossi: un análisis

Dos adolescentes, identificadas como Lucía Rossi y Alejandra López Zelarayán, protagonizaron una riña a la salida del boliche Roof, durante la madrugada del pasado domingo 2 de mayo. Este acontecimiento -crucial para las participantes pero rutinario para la policía y trivial para el resto de la sociedad- adquirió una ridícula repercusión cuando apareció en la prensa local.

Redes sociales

Tras la golpiza, la visita al hospital, la denuncia y toda la cadena de eventos habituales en una situación de este tipo apareció un grupo en Facebook en el que un conjunto de personas se solidarizaban con Lucía Rossi, la muchacha que se llevó la peor parte en el conflicto. Esto, de algún modo, devino noticia para los diarios digitales, quienes escribieron artículos en sus respectivos portales y así aparecieron radios y canales de televisión interesados en cubrir el Caso Rossi, buscando la voz de la damnificada, de su familia y/o de su abogado. Entonces, puesto que el tema se ramificó desde una semilla en la Internet, no es exagerado decir que el catalizador en esta historia es Facebook.
Facebook es la red social más popular en Argentina. Su éxito se debe, principalmente, a la publicidad que permanentemente en la prensa tradicional y en la prensa digital realizan para instalar a dicha red social en el imaginario cultural de la nación. Así casi a diario se publican toda clase de tonterías en las que Facebook está involucrado (como “Argentina y la felicidad según Facebook”, “Por su perfil en Facebook, detienen a un hombre con pedido de captura internacional”, “El boliche 'Amnesia' se defendió a través de Facebook sin brindar todavía una versión oficial de los hechos”, “Una convocatoria en Facebook”, etc); orkut es también una red social muy grande a nivel mundial, que todo el tiempo genera noticias similares a las de Facebook, pero nunca las leemos en la prensa argentina. La publicidad que vende a Facebook, claro, no es gratuita, pero los representantes locales de la empresa sólo invierten en los medios más poderosos, ya que estos marcan la agenda de discusión y los demás reciben y expanden sus temáticas por eco.  
Ahora bien, hay que recordar que lo característico de la Internet es que ésta es abierta (tiene, en general, pocas barreras de acceso, y la mayor parte de sus contenidos son gratuitos), controlada por los usuarios (los internautas, casi siempre, pueden entrar y salir de diversos sitios o revisar contenidos todas las veces que quieran y en el momento en que lo quieran) y descentralizada (si bien hay puntos más fijos que otros de concentración del tráfico, la mayor parte de los sitios suelen ser visitados –con suerte– no más que una sola vez por el mismo internauta). Esta apertura, descentralización y capacidad autogestiva es un atractivo para los internautas curiosos y activos, pero es un obstáculo y un motivo de rechazo del servicio para los usuarios pasivos. Cualquier encuesta sobre el uso de Internet demostrará que el segundo grupo es muchísimo más amplio que el primero.
En ese escenario Facebook, Netlog, Hi5, Sónico y todas las demás redes sociales en general –con la intención de generar un gigantesco campo para hacer estudios de mercado y personalizar con ello la publicidad–, vienen a darles a muchos internautas pasivos un punto fijo en lo que parece ser un mar de información. Las redes sociales son las islas privadas donde uno se siente a gusto en medio del océano. Esa es la causa por la que mucha gente que utilizaba durante muy pocas horas diarias la Internet, ahora es prácticamente imposible desenchufarla.
Estas aclaraciones sobre Facebook son necesarias puesto que en el Caso Rossi las redes sociales fueron más importantes que el hecho en si mismo.

Dinámica de la frivolidad, o la prensa según una lógica comercial
   
La prensa está obligada a ofrecer información. Esta puede ser novedosa o no, de inmediata obsoletización o no, positiva o no, pero tiene que estar. La prensa (ya sean los diarios, las radios o la televisión) ofrece información, todos los días, sin excepción; tal superabundancia genera una frivolización sobre lo que se transmite: si la información no excita, no impacta y no atrae, entonces sirve comercialmente menos que una que si lo hace.
Hay muchas maneras de que la información impacte, pero siempre es más sencillo utilizar fórmulas ya probadas. En el Caso Rossi así sucedió. La historia impactaba por el nivel socioeconómico de las protagonistas (generalmente no se espera encontrar ese tipo de comportamiento en gente con su educación, sus modales y sus patrimonios, es decir, en gente con una particular concepción de la vida privada que es un tanto distinta a la de la gente de otro nivel socioeconómico). Ante el anoticiamiento del suceso, la prensa obró con la mayor velocidad posible –dejando atrás el hecho periodístico básico de escuchar todas las campanas involucradas antes de publicar una noticia– y sacó a la luz la historia, en la que una “pobre” muchacha era víctima de la “envidia” de su agresora. Se llegó al extremo de sugerir que Rossi había sido agredida sólo por ser linda. Nunca se ocuparon de revisar toda la historia detrás de la agresión, simplemente consideraron a Rossi y López Zelarayán como dos personas de un determinado nivel socioeconómico que se comportaban como el de otro, y ello era motivo suficiente para introducir en la esfera del debate público a un hecho de trascendencia privada. La noticia solamente buscó escandalizar al público, apelando al sentido moral tradicional de las personas.
La prensa tiende a eso. Esperan que la información llegue desde algún lado (rara vez la van a buscar) y calculan el riesgo para si mismos de publicarla. Si la información es barata, inocua para el medio que la publica y escandalosa, entonces sale con la rapidez de un cohete.

El analfabetismo digital de Tucumán

El Caso Rossi demuestra que la Internet en la sociedad tucumana es ampliamente utilizada pero está mínimamente asimilada. Y ello es porque la reacción no fue la esperada.
Es decir ante un evento de estas características los internautas no actuaron como normalmente se esperaría que lo hicieran. Cuando la noticia apareció en los informativos digitales, hubo un grupo que compró la fruta podrida y sintió pena por la agresión, como también hubo otro grupo más crítico y sensato que entendió que la noticia ocultaba lagunas y espacios no del todo claros. Pronto la cuestión (en el fondo una irrelevante pelea más que involucraba a sólo dos personas) trató de ser desviada para introducir al bendito Facebook en la discusión; no faltó la madre anónima al borde del llanto que pidió que alguien pensara en los niños, y que exigió que el gobernador, el INADI, los diputados, la SIDE, la Gestapo y la KGB intervengan para controlar esa esfera de odio que es Facebook. Pero la cordura fue más fuerte, y la conclusión arribó: la violencia existe antes de Facebook y existirá después, probablemente sin la red social en el medio los acontecimientos hubiesen sido los mismos.
Ahora, a más de una semana del episodio, ya nadie neutral (esto es, que no es amigo, familiar, cholulo o White Knight de alguna de las dos involucradas) tolera seguir recibiendo información sobre el asunto. Se hicieron algunos chistes, se ironizó un poco el asunto, pero no hubo un movimiento de contrareacción.
La Internet genera sus propios códigos. Estos no se vieron en el Caso Rossi. Existe el concepto capitalista de “prosumidor”, en el cual cada consumidor -de algún modo- contribuye activamente a moldear aquello que consume. Dentro de este concepto está comprendido el movimiento negativo, es decir, cuando a un consumidor no le gusta lo que le venden, está en su derecho a destruirlo. En el espacio de la Internet este movimiento se manifiesta a través del trolling, que –apelando a “la crueldad y a la maldad” que habita en el corazón del hombre– busca rechazar o destruir aquello que no quiere consumir. El trolling es positivo siempre y cuando se haga bajo animus jocandi, animus narrandi, animus defendendi, animus retorquendi, animus consulendi y/o animus corrigendi, y está justificado por lo que Aristóteles llamaba “epikhairekakia”.
La ausencia de un buen ejército de trolls operando contra el Caso Rossi sólo pone en evidencia que Tucumán está aún muy lejos de la inclusión cultural del la Internet (pese a que día a día crezca el número de familias que instalan banda ancha en su casa).  

Sobre el control de los gastos públicos

Impuestos y transparencia

Recientemente el gobernador Alperovich anunció orgulloso que la provincia de Tucumán, a través de la Dirección General de Rentas, recaudó 120 millones de pesos. Sabemos que ese dinero proviene de los contribuyentes a los que se los somete a un régimen de presión fiscal salvaje. Pero, ¿sabemos a dónde va ese dinero?

A primera vista si no lo sabemos, podemos suponerlo. Los médicos, los maestros, los empleados de las diversas reparticiones del Estado reciben sus sueldos emitidos con recursos del tesoro público. Las obras públicas también son financiadas con ese dinero. Sin embargo, y pese a que debería poder hacerlo, es dificil para un ciudadano común y corriente conocer con precisión cuánto dinero maneja el Estado y qué es lo que hace exactamente con él.

El Estado es de todos los ciudadanos, no de las facciones de la corporación política que temporalmente lo administran. Por tanto el dinero que maneja es nuestro dinero, y ello es lo que hace que tengamos derecho a exigir que sea empleado de modo justo y equitativo. En nuestra provincia es el Tribunal de Cuentas el que controla y organiza el gasto público, pero no el que lo gestiona (ya que esa facultad le corresponde al gobierno). De cualquier manera este organismo está gravemente cuestionado desde hace años. El problema es que si bien no está mal que un grupo de expertos y trabajadores con conocimientos técnicos adecuados se ocupe del asunto, no se toma en cuenta que los ciudadanos también estamos facultados para acceder a esa información –si bien no como administradores, si al menos como fiscalizadores.

El ejemplo de Texas


En EEUU hay un histórico movimiento minarquista, esto es un movimiento político y cultural que demanda un mínimo de Estado y un máximo de Sociedad Civil. Los neoconservadores, los objetivistas, los libertarianos, vale decir, la centroderecha de aquel país hace de la reducción de impuestos su principal bandera. Pero no se puede reducir impuestos si no se sabe con exactitud en qué se gasta el dinero que se recauda, de dónde proviene lo recaudado y cuáles son las ventajas y desventajas de cambiar las estrategias impositivas. El último punto es una invitación al debate entre los diversos sectores de la sociedad, pero los dos primeros son una cuestión de desarrollo tecnológico. En el estado de Texas decidieron asumir el desafío.
Todos los días, a las 00:00 horas, el sitio Where My Money Goes detalla todas las emisiones de dinero que la gobernación de Texas realiza. Cualquier texano (y cualquier persona en el mundo) puede informarse acerca de los gastos que realiza el sureño estado norteamericano. Como complemento los texanos están desarrollando el sitio Where the Money Comes From, para exponer las fuentes de dónde provienen los recursos que el Estado maneja.
Los organismos provinciales del área de IT deberían inclinarse en esta dirección para ser considerados como un equipo de trabajo serio y útil para la sociedad. De todos modos debe tomarse en cuenta que lo que pasa en Texas no es un caso aislado: en EEUU existen institutos públicos que se ocupan de emplear y adaptar tecnología para llevar a cabo la fiscalización de los gastos del Estado. Por ello desde Tucumán también es necesario impulsar la toma de medidas a nivel nacional.

Ni del oficialismo, ni de la oposición: Internet es de los usuarios

Los dos demonios en guerra (de llamas)

Cuando Ernesto Sábato redactó el prólogo al informe final que emitió la CONADEP lo hizo desde su mirada de intelectual moderado y moralista. Por ese motivo dice algo así como que en la década de 1970 hubo una guerra entre dos bandas terroristas, una de izquierda y otra de derecha, que arrastró en su locura a un gran número de personas inocentes que estaban en el medio y de espaldas a ambos grupúsculos. Moralmente quizás tenga razón, pero políticamente es más difícil avalar esta interpretación: Argentina tiene una larga historia de amargo combate entre el movimiento popular y los diversos grupos oligárquicos que han frustrado su triunfo, por lo que no es descabellado sostener que la represión de aquella época fue parte de un perverso plan de lucha y control de un sector de la población activo y combativo, que utilizó como excusa a los criminales que reclutaban jóvenes cínicos o ilusos para llevarlos a morir a través de las armas.

Ahora bien, comenzamos resaltando este asunto sólo para rescatar esa imagen tan feroz (no la política sino la moral): imaginemos a dos demonios jugando una violenta partida de ajedrez con un montón de inocentes que hacen de las diversas piezas. Esto es lo que, básicamente, sucede en la actual Internet argentina.

En efecto, los millones de usuarios del país nos vemos sometidos a tolerar una guerra 2.0 entre agentes del gobierno y de la oposición. El potencial ilimitado para el aprendizaje, la socialización y el desarrollo de la personalidad que encarna la Internet se encuentra trivializado en estas latitudes culpa de dos bandas rivales que se cruzan donde sea que hayan blogs o foros en los que se pueda escribir a favor o en contra de la administración Kirchner. El recurso por el que pelean es el más valioso de la red –pues es, a su vez, la razón de ser de la misma–: la información.

Ambos grupos, si bien no pueden manipular la información, se esfuerzan para que los que no pertenecen a ningún bando la asimilen como a ellos les conviene. Desde este punto de vista se nota que son los típicos flamers: ni los partidarios del gobierno ni los partidarios de la oposición que debaten incansablemente en cada espacio que pueden van a aceptar sus respectivas derrotas en las discusiones, pues lo que a ellos les importa es ganar la opinión del tercero. Es decir, millones de internautas argentinos son igualmente subestimados por la oposición y el oficialismo quienes los consideran mentes vírgenes a las que se les puede introducir una idea que sea favorable a sus intereses: eso es hacer propaganda, que es un arma tan o más peligrosa que la publicidad. Entre los monólogos que se entrelazan sin abrirse a los otros, aparecen muchísimas personas dispuestas a leer los argumentos para ser influenciadas por los mismos. Pero también hay un enorme número de usuarios a los que les importan muy poco los fuegos cruzados, pero que aún así –y lamentablemente– son arrastrados por la guerra de los otros. Como buenas víctimas colaterales, millones de argentinos nos terminamos llevando la peor parte de una contienda que no nos pertenece.

La batalla por la opinión pública

Recientemente el diario Miradas al Sur publicó un artículo en donde denuncia que una empresa de publicidad llamada “La Ese” se encontraría desarrollando una campaña en Internet a favor del grupo Clarín. Concretamente la empresa liderada por Carlos Souto estaría, según el diario leal al gobierno, “sembrando violencia simbólica en las versiones digitales de los medios”.
La razón por la que Miradas al Sur aborda el tema es más que evidente: quien lea todos los días los comentarios que atestan los inboxes de los sitios webs de los principales diarios del país o escuche cada tanto los llamados de los oyentes de las radios más influyentes de la república notará de inmediato que, en promedio, son más las opiniones que están en contra del gobierno que las que están a favor. A primera vista pareciera ser que hay un mayor grupo de gente que prefiere que el actual gobierno no continúe en el poder después de 2011 –un hecho que se confirmó en las urnas durante las elecciones de 2009, en donde el gobierno terminó defendiendo la idea de que el 30% del país estaba con ellos y el 70% en contra de ellos, aunque dicha medición se instaló sólo con el recuento de votos de provincia de Buenos Aires; es probable que la cifra sea un tanto menor. Ahora bien, según Miradas al Sur el grueso de esos comentarios anti-K (por no decir todos) no representan una alianza espontánea de gente de derecha, de izquierda, del nacionalismo populista, de anarquistas o de independientes que coinciden en el rechazo común a la gestión del gobierno, sino que –según el pasquín que defiende a los Kirchner– todo ese inconformismo proviene de un ejército de blogueros y telemarketers pagados por el grupo Clarín y capitaneado por el publicista Carlos Souto, un personaje nefasto que estuvo detrás de las campañas electorales de De la Rúa, Menem, Cobos y de Narváez.
Lo que hacen en Miradas al Sur es darle a la oposición un poco de su propia medicina: en el imaginario popular de los usuarios argentinos de Internet (y de los oyentes de radio) está instalada la idea de que cualquiera que opine a favor del gobierno es un empleado pago o un militante rentado. No obstante a esa idea no la instaló la oposición sino los propios “comandos digitales” kirchneristas.
Cuando empezaron a aparecer un montón de internautas que decían haber estado en España especializándose en el desarrollo de tecnologías de comunicación política para la aplicación en la web 2.0, se dejó entrever que los gastos de éstos no habían corrido por cuenta de su partido, sino por parte del Estado. No tiene nada de malo que los partidos políticos inviertan en su organización y en la capacitación de sus militantes, pues es algo que está contemplado en el artículo 38 de la Constitución Nacional y, supuestamente, contribuye al mejoramiento de la cultura democrática en el país. Más aún, según la Constitución el Estado mismo debe colaborar con fondos públicos para asegurar el correcto funcionamiento de las estructuras partidarias. Empero en este caso no se habla de partido sino más bien de facción partidaria: sólo gente leal a Kirchner pudo viajar a Europa, y al poco tiempo retornaron convertidos en los infames “blogueros K”.
Dentro de ese escenario de internautas a favor del gobierno lo primero que intentaron hacer fue crear una blogósfera con la mayor cantidad de espacios para infiltrar propaganda K entre medio de sus opiniones triviales sobre música, literatura o televisión (en otro momento habría que ocuparse de la estética común de este grupo: una  moda orientada a revivir la cultura de la década de 1970). Luego, tras crear sus propios blogs y sus propias revistas, empezaron a desparramarse a través de las redes sociales –especialmente en Facebook, una red social que es promovida tanto por el oficialismo como por la oposición, lo que confirma que hay poderes más arriba a los que les interesa muchísimo la expansión de este medio entre la población local. De cualquier modo, en esa instancia, los internautas K eran inofensivos. Javier Noguera, un tucumano, se publicitaba a través de la propaganda negra, vendiéndose como “el Padrino” de los internautas kirchneristas, como el mayor cerebro 2.0 de la Argentina, como –en definitiva– el Carlos Souto del oficialismo.
En 2008 estalló el conflicto entre el gobierno y los productores rurales ocasionado por la oposición de estos últimos a la política impositiva establecida por las máximas autoridades del gobierno. Fue el momento de los internautas K para demostrar su verdadera fuerza (en la campaña para las presidenciales de 2007 aquellos ya estaban operativos, pero su acción en aquel momento fue insignificante, puesto que Cristina Fernández ganó gracias a la oposición excesivamente fragmentada –se dijo que Rodríguez Saa se presentó a las elecciones en un arreglo para que San Luís no sufriese después ninguna objeción ni campaña en contra por parte del gobierno– y a la red clientelar bien aceitada mediante la cual permutaban votos por dádivas). Los grandes medios de comunicación, con el grupo Clarín a la cabeza, se inclinaron, junto a la mayoría de la ciudadanía, del lado de los agricultores. Consiguientemente la pelea se desplazó a otro ámbito, y nació la dicotomía gobierno versus “corporación mediática”.
Los internautas K denunciaron algo que ya se sabía y que hasta ese momento pocos decían: lo pernicioso de la “clarinización” de la cultura nacional y la necesidad de revertir la tendencia. Rápidamente surgió la idea de generar una red de medios paralelos, supuestamente transparentes y democráticos, que derribase al Grupo Clarín. A simple vista parecerían un conjunto de ciudadanos cansados de las manipulaciones mediáticas, pero observados más de cerca podrían verse los hilos finísimos que conducirían a las manos de sus amos: los testaferros del gobierno kirchnerista.
Sin embargo la puesta en marcha, el crecimiento y la asimilación por parte del público de esa red hubiese llevado demasiado tiempo, por lo que todo el proyecto se abortó y se optó por una medida más directa: invadir, como un ejército de trolls, los espacios ya existentes. A partir de entonces todos los recursos fueron redireccionados con ese fin. Y es desde ese momento en que cualquier lector de la versión on-line Clarín, La Nación, Perfil, El Argentino, La Gaceta de Tucumán, La Voz del Interior de Córdoba, etc. tiene que tolerar presenciar un combate de estupidez debajo de cada artículo a favor o en contra del gobierno.

¿Just don't look?  

En un episodio de los Simpson unos muñecos gigantes que conformaban parte de letreros y carteles publicitarios callejeros cobran vida y, convertidos en monstruos gigantes, comienzan a destruir Springfield. La pequeña Lisa se contacta con Paul Anka, un músico especialista en jingles, e inventan una canción que decía algo así como “si quieres acabar con los monstruos en un santiamén, simplemente no los mires”. Ese es el mejor consejo para acabar con aquellos cuya opinión nos importa un bledo: ignorarlos.
Empero en el acto de ignorar a alguien se está renunciando a la lucha. Y el conflicto yace en que cualquier usuario de Internet, como ciudadano que es, no puede (o no debe) permanecer pasivo, especialmente ante los temas que más lo afectan, dentro y fuera de la red. Quizás en los asuntos banales que solamente involucran a un número limitado de personas, uno si pueda consentir el ignorar a un troll, pero en cuestiones que afectan al bien común y que ponen en jaque al futuro de la Internet no se puede estar pasivo.
Es decir, por más que a uno no le interese la práctica corrupta de la política que se hace pasar por una actividad seria y relevante, uno no puede renunciar a la Política. La independencia del pensamiento no implica la neutralidad del mismo, de hecho es todo lo contrario. Por ello, para no quedarnos reducidos a ser un simple consumidor a merced de las diversas compañías que se disputan los mercados y tienden a construir monopolios, hace falta cultivar convicciones en este ámbito.

De víctimas colaterales a dueños de la red 

Lo más preocupante de lo publicado por Miradas al Sur no es que el Grupo Clarín gaste su dinero en la contratación de una empresa que ofrece servicios de marketing político para realizar una campaña en los principales medios no kirchneristas. Ni tampoco interesa demasiado que la empresa opere en secreto o que contrate a su personal en negro, pues el Estado también emplea prácticas similares (en ese sentido es como que una prostituta se escandalice porque otras mujeres cobren por sexo). Lo que si afecta por igual a todos los usuarios de Internet del país es el empeño de los redactores de Miradas al Sur (y, por tanto, del gobierno kirchnerista) por demoler el anonimato en la red.

En Miradas al Sur plantean la cuestión como si un “grupo de tareas” –que bien podría ser el Batallón 601 o la CIA– estuviese llevando a cabo una tarea ilegal al realizar inteligencia a favor del Grupo Clarín. Quizás en el fondo sea envidia de no poder contar con un equipo versátil y mejor organizado que influye en la opinión pública de un modo más eficaz que sus “guerrillas electrónicas”. En realidad ello importa poco si uno no pertenece a alguno de los dos bandos. Lo que si importa a quienes estamos en medio y de espaldas a ambos grupúsculos es que seremos arrastrados por su locura.
El argumento que sostienen en el pasquín kirchnerista es digno de la manipulación retórica que hacen en “6, 7, 8” (el destacado es nuestro): “a la hora de hacer un comentario en algunas de las páginas de Internet de los diarios, los honrados ciudadanos que ejercen su derecho a la libre expresión deben completar un formulario donde se pide nombre y apellido, DNI, teléfono y dirección entre otros datos de rigor. Pues bien, quienes trabajan en esta usina destinada a intoxicar la comunicación, falsean identidades para efectuar la tarea de mostrarse indignados ante 'la prepotencia gubernamental' cuando en realidad son sólo mensajeros de creativos publicitarios pagados por los grandes medios.” Este planteo equivale a decir “un ciudadano honesto no debe oponerse a que un policía lo detenga arbitrariamente en la calle y le exija que se identifique”, o equivale también a sostener que “a las villas hay que cercarlas con alambrados y muros, demandándole que registren sus datos y se sometan a cacheo a todos los que entran o salen del lugar”.
En este debate hay que distinguir a la dinámica que rige en el mundo cotidiano y a la que lo hace en el mundo virtual. En este aspecto hay mucha discusión sobre si la Internet debe ejercer su propia lógica –tomando en cuenta el hecho de que el mundo digital altera la ontología sobre la que normalmente se construye el derecho– o si debe renunciar a su potencial revolucionario en el campo de la educación, el comercio, la cultura y las comunicaciones y adaptarse a la lógica del mercado y a la sociedad del espectáculo.
Si el gobierno desea que los foristas y blogueros opinen con seriedad, en lugar de obligarlos a registrar su comentario junto al número de DNI deberían intentar convertir a la política en una actividad seria, esto es, en una actividad transparente, participativa, dialógica y autocrítica. Dejen que el delito de opinión, la persecución por la expresión de las ideas, la prisión por trolling y las mordazas sean patrimonio exclusivo de los Estados totalitarios.

Teleclientelismo

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es una realidad imparable en la Argentina de hoy. La introducción de esta novedad tecnológica tiene sus ventajas como también sus desventajas. Del lado de las ventajas se puede enumerar: mejoras en la calidad de la imagen (si la señal se transmite correctamente), incremento de la cantidad de canales, y posibilidad de adaptación con servicios interactivos. Del lado de las desventajas, a su vez, puede advertirse: mayor consumo de electricidad, demoras en el zapping, congelamiento de la imagen si la señal de transmisión es débil, y la exigencia obligatoria de nuevo equipamiento para poder tener acceso a la TDT.
En este último aspecto el gobierno de los Kirchner ya tomó cartas en el asunto: progresiva y paulatinamente el Estado irá entregando decodificadores a cierto sector de la población para convertir a los televisores analógicos en digitales –lo que, seguramente, generará más de un dolor de cabeza a la hora de instalarlos. Se estima que serán los beneficiarios de planes sociales quienes reciban gratuitamente los aparatos, mientras que el resto de la población podrá adquirirlos a bajo precio en el mercado, pues ya se preparó un subsidio estatal para hacer que sus precios sean accesibles para la gente sin grandes ingresos.
En principio habrá cinco señales gratuitas (entre la que se contará un canal para niños y otro de noticias administrado por la agencia de noticias TELAM), pero a medida que los meses transcurran se irán agregando nuevos canales, al mismo tiempo que la red TDT irá conquistando territorio en todo el país.
La inversión del gobierno nacional para financiar el proyecto ronda los 700 millones de pesos, pero la cifra irá engordando a medida que el asunto prospere en las provincias. Semejante gasto de dinero público tiene un único propósito: armar un monopolio comunicacional para combatir contra la corporación mediática privada en las próximas elecciones de 2011. La jugada, como buena estrategia kirchnerista, bombardea la ética, pues se introduce la TDT no porque haya un interés por parte del gobierno de mejorar la calidad de vida de los argentinos, sino porque como esta tecnología no está normativizada ni regulada a causa de su novedad, entonces pueden violar la disposición que obliga al Estado a tener no más de una señal nacional (analógica) bajo su dominio.

La cuestionada transparencia en los sistemas de votación electrónica

Los que principalmente se le critica en todo el mundo a los sistemas de votación electrónica son dos cuestiones: su falta de fiabilidad y su falta de transparencia. En rigor los sistemas de votación a través de papeletas también adolecen de lo mismo, pues siempre existen errores de conteo cuando se manipulan cifras grandes y también existen sospechas sobre si los resultados fueron o no efectivamente adulterados (especialmente cuando la fiscalización del proceso es insuficiente). Pero aún así, pese a ello, se intenta que todo el proceso electoral se mantenga abierto. Los sistemas de votación electrónica, que se jactan de ser más exactos y veloces que los otros, no garantizan ese mismo grado de apertura, por lo que, en este sentido, no son básicamente iguales a sus pares, sino un tanto peores.

El problema de la apertura está relacionado al asunto del secreto. El voto secreto es un elemento esencial de la cultura democrática, pues está pensado para que el votante decida sin recibir presiones ni sufrir sanciones o persecuciones por su elección. Pero al mismo tiempo es lo que da oportunidad para fraguar las elecciones. Para contrarrestar el posible fraude sólo hay una opción: la transparencia.
La apertura presupone a la transparencia. Si hay apertura sin transparencia, esto es si hay participación con elementos turbios, entonces tal apertura es inútil. Dicho vulgarmente, “es lo mismo que nada”. La apertura se logra a través de la participación, lo que a su vez promueve a la transparencia: mientras más ciudadanos participen del proceso electoral, más abierto se mantiene y más transparente se vuelve. Las cosas suelen enturbiarse en las mesas donde se realizan los primeros escrutinios, y luego acontece un hecho similar al realizarse el recuento general y definitivo. Pero la escalada de fraudes, para ser exitosa, termina involucrando a demasiada gente y solicitando una cantidad muy amplia de recursos para no venirse abajo. El sistema de papeletas trata de conseguir algo de apertura que, al menos teóricamente, es más de la que buscan los sistemas de votación electrónica.
Los sistemas de votación electrónica, como venimos sosteniendo, son igual de vulnerables que los otros, pero la ventaja (para los tramposos) es que sólo precisan de muchos menos recursos y de un menor número de involucrados para falsificar el resultado final de una elección. En efecto, al implementar sistemas de votación electrónica lo único que se hace es entregar la responsabilidad del proceso electoral público a una empresa privada. Tal acto es una estafa evidente.
Al no disponer del código fuente de los programas que gestionan la votación, vale decir al no utilizar un software libre, la población ignora de qué modo funciona el programa, cómo anota, suma, ajusta y almacena los resultados. El software libre es un mínimo exigible en este tipo de acontecimientos, y aún así no es del todo confiable.

RFID: el Pequeño Hermano

Algunas consideraciones

Los Dispositivos de Identificación con Radio-Frecuencias (“Radio Frequency Identification Device” en inglés o RFID) son un artilugio que surgió en algún momento de la primera mitad del siglo XX –no se sabe si en EEUU, en Inglaterra o en la URSS– y que se popularizó a partir de la década de 1960. Sin embargo este dispositivo no se masificó sino hasta comienzos del siglo XXI.
Concretamente el RFID es un microchip que emite radiofrecuencias, y que se introduce en diversos objetos con el fin de poder localizarlos e identificarlos lejanamente. Para ser detectados no hace falta el contacto con un aparato lector, sino solamente la proximidad. La distancia precisada para leer un RFID varía de un chip a otro.
Los RFID pueden ser clasificados en dos grandes grupos: (A) pasivos y (B) activos. Los “pasivos” son de corto alcance y carecen de fuentes de energía, porque funcionan con la energía que los detectores de radiofrecuencias les transmiten. Los “activos”, en cambio, pueden ser leídos a varios cientos de metros pero su éxito está ligado a la resistencia de las baterías de las cuales dependen. Son los del grupo A los que más abundan en la vida cotidiana.
Puesto que los RFID transmiten información a una lectora de manera automática, se los tiende a considerar una tecnología hermana de los códigos de barras. Empero la diferencia entre un RFID y un código de barras es que mientras el último brinda información genérica sobre el objeto en el que se encuentra, el primero brinda información particular. Dicho más puntualmente: un código de barras puede decirle a una lectora la marca, el peso y el valor de todas las bolsas de azúcar que hayan en un supermercado, mientras que el RFID puede indicar lo misma pero de cada bolsa. Supongamos que el supermercado dispone el precio de una marca de azúcar pautando cierta cantidad de dinero a cambio de un determinado peso del producto, y supongamos que los fabricantes de esa marca de azúcar ponen en algunas bolsas más azúcar que en otras: con el código de barras se paga siempre lo mismo, mientras que con el RFID se paga lo que la lectora establece por cada bolsa.
Evidentemente lo que buscan los que emplean los RFID es no sólo poder localizar objetos sino también homogeneizarlos.

De ciudadano a cliente

El concepto de ciudadano es el eje sobre el que descansa la idea de república. Una república sin ciudadanos no es una república, no es una cosa pública (de todos) sino privada (de algunos). En Argentina el concepto se introdujo en 1810, se formalizó en 1816, y desde entonces se ha llevado a cabo una incansable lucha para consolidarlo: el ciudadano aparece como el que liquidará la división entre amos y esclavos, y pondrá a todos los habitantes bajo el imperio de la misma ley, habilitándolos para gozar de los mismos derechos y exigiéndoles que cumplan las mismas obligaciones.
No obstante el concepto de ciudadano es frágil, y tiende a deformarse inadvertidamente. Es decir, todos los habitantes de un territorio estamos obligados a ser ciudadanos todo el tiempo, pudiendo ocupar a veces otros roles (pero sin abandonar jamás al de ciudadano). Sin embargo siempre han existido interesados en que renunciemos a ser ciudadanos, interesados en que olvidemos nuestra responsabilidad cívica, y nos comportemos de manera en que ellos salgan ampliamente beneficiados. De ese modo los ciudadanos nos convertimos en entregadores de bienes propios a cambio de la adquisición de un producto que sólo un único proveedor puede darnos: eso se llama ser “cliente”.
Un consumidor de una determinada marca o un votante de una determinada fuerza política puede tornarse cliente si la marca o la fuerza política plantean una estrategia en que –coercionado o voluntariamente– el consumidor o el votante “entrega” su libertad, decide optar por ellos, a cambio de la obtención de un beneficio que consideran mejor que el que otros pueden darle, y después les cuesta o les duele renunciar a ese beneficio. En el campo empresarial conseguir clientes es el acto socialmente más apreciado, en el político, en cambio, es el más despreciado. El problema más grave es cuando –a través del clientelismo– los políticos convierten al votante en consumidor, y el empresariado torna al consumidor en votante. Ambos movimientos afectan profundamente al concepto de ciudadano, reestableciendo la división entre amos y esclavos. Los RFID, dentro de este relato, vienen a ser armas para la destrucción de la ciudadanía y herramientas de fabricación clientelar.

El imperio de la publicidad o/y el fin de la privacidad

Al adquirir un objeto con un RFID incorporado es muy probable que éste sea introducido en un ámbito privado (un lugar de trabajo, una vivienda, etc). Con la tecnología adecuada, el fabricante del objeto puede rastrear a su producto en donde sea que esté, y conseguir así invadir propiedad privada como una suerte de espía ignorado. De esa manera el fabricante puede conocer todos los hábitos de consumo de quien compró el producto: puede saber si lo utiliza sólo en determinadas horas del día, si lo mantiene en un lugar a la vista o en algún afuera de la misma, si lo conserva por mucho tiempo o por muy poco, etc. Esa información, para cualquiera que quiera hacer un producto personalizado para un consumidor (vale decir para cualquiera que quiera tener clientes), es crucial.
En los últimos años los sectores industriales invirtieron grandes cifras para investigar, desarrollar y utilizar a los RFID con la excusa de que estos les permiten eficientizar sus sistemas logísticos; sin embargo, si la industria no tuviese en mente su ampliación al campo de la publicidad, hubiesen gastado muchísimo menos dinero en el asunto.
Los RFID permiten prolongar una tendencia: convertir a la publicidad en algo cada vez más invasivo. Así como los colectivos pasaron de ser orugas de metal multicolores a inquietos carteles móviles, así también las ciudades se irán tornando gigantescos shoppings gracias a la proliferación de los RFID y la tecnología asociada, y como todo ocurrirá gradualmente no se podrá diferenciar lo que es publicitario de lo que no lo es.
A medida que la publicidad se personaliza los productos se transforman no para mejorar su calidad sino para que el consumidor genere mayor dependencia hacia ellos. El más rico no es el que más posee sino el que menos necesita: la publicidad no tiene otro objetivo más que ofrecer algo que satisfaga una necesidad y crear nuevas necesidades, por tanto a mayor publicidad de las empresas mayor pobreza de los consumidores. La publicidad personalizada –que encuentra en los RFID un aliado poderosísimo– es un invento excelente, pero no para los consumidores sino para los mercaderes.

Vigilar, castigar y obligar

Hablar de chips hace veinte años atrás era emplear un idioma desconocido. Hoy todo el mundo tiene una idea más o menos general de lo que es un chip, pues estos elementos están ampliamente presentes en nuestra vida cotidiana, incluidos en toda clase de los objetos que nos rodean. Sin embargo una cosa es estar rodeado de chips, y otra muy distinta es que los chips estén dentro de nosotros.
En 2005 la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (“Food and Drugs Administration” en inglés o FDA) autorizó la implantación de RFID en seres humanos. Fue en el marco de un programa médico, en el que se buscó a enfermos de alzheimer –gente muy propensa a extraviarse– para monitorearlos y reforzar su seguridad. Ya desde hacia varios años que esta tecnología se aplicaba en animales, creando sistemas para combatir el abigeato o para controlar a las mascotas domésticas, pero en 2005 se atravesó una barrera. No faltaron quienes vieron numerosas ventajas en implantar chips a las personas: almacenamiento de datos clínicos –para que, por ejemplo, en caso de accidentes los médicos sepan que no pueden aplicar tal o cual medicamento al cual es alérgico el accidentado–, impedimento para la suplantación de identidad, localización de desaparecidos, reconocimiento de gente sindicada como terroristas o delincuentes reincidentes, etc.
¿Pero nadie vio las desventajas? Aunque no quieran verlas están ahí. Esa eliminación paulatina de la privacidad de la que podrían beneficiarse no sólo las corporaciones capitalistas sino también los Estados, viola un principio básico de las leyes diseñadas por ciudadanos y para ciudadanos: en el ámbito privado no se puede obligar a alguien a hacer lo que no quiere ni se le puede prohibir hacer algo que no está prohibido.
Aquí entra en juego una discusión profunda sobre la diferencia entre ética y justicia, pero para no demorarnos en ella retengamos lo esencial y planteemos un ejemplo: nadie nos obliga a estar sanos, pero si queremos, por ejemplo, conseguir un seguro de vida, entonces lo mejor es vivir sanamente, o al menos fingir hacerlo hasta conseguir el seguro. Al demoler la privacidad se demuele también la posibilidad de aparentar. Es cierto que la apariencia sirve para ejercer la mentira, pero es innegable también que sirve para proteger la intimidad, pues nos evita exponer todo eso que somos y hacemos y que, sin dañar a terceros ni atentar contra el bien ciudadano, no deseamos que se conozca públicamente. Y son más los casos en que las personas se encuentran por debajo de su reputación que los casos en las que se encuentran por arriba. En un mundo sin privacidad para conseguir un seguro de vida no basta con parecer sano: hay que estarlo. Y así como uno está si o si obligado a hacer A para conseguir B, también estará obligado a hacer X para conseguir Y. El problema es que esa X puede ser cualquier cosa, siendo la peor de ellas votar –y por tanto legitimar– a un determinado candidato para recibir un beneficio que de lo contrario se nos negaría.
Mientras menos privacidad exista más obligados estaremos a hacer lo que se nos dice que hagamos, seremos menos independientes y más homogeneizables, hasta que un día dejemos de ser una sonrisa, un corazón, una voz, un vientre, etc. que remiten en su conjunto a una identidad única e irrepetible, y pasemos a ser un número opaco, una unidad de producción, un ente “sin entidad”.

El negocio de lo público

Sabemos que el principal motor económico de la Argentina es la actividad del Estado. Esto es aprovechado por muchos para hacer toda clase de negociados, ya que el dinero público (lo que el Estado recauda en base al aporte impositivo de los ciudadanos) existe en grandes cantidades. Así hay todo un sistema corrupto –que involucra a los gobiernos de turno– en donde se licitan muchas obras, útiles o inútiles, para beneficiar a algunos empresarios amigos de los poderosos (empresarios que, generalmente, apoyan económicamente las campañas, arreglan gustosamente pagar elevadas coimas por cada licitación que ganan, y cosas por el estilo).
Uno de estos negociados más innovadores son las elecciones realizadas mediante sistemas de elección y/o conteo electrónico. La votación electrónica cuenta con algunas ventajas como la agilización del recuento final, pero también con otras desventajas como la falta de familiaridad del sistema (tanto por parte de los usuarios como por parte de los operarios), la exigencia de cierta infraestructura para garantizar el correcto funcionamiento ante una eventual falla, y la incapacidad para asegurar la completa transparencia del proceso por el hecho de ni siquiera prometer utilizar un software libre.
En este asunto hay más respaldos que oposiciones. Concretamente en Tucumán, la vergonzosa Constitución que se aprobó en 2006 para sacar de circulación a la infame Constitución vigente desde 1991 sostiene, en el inciso tercero de su artículo 43, que la provincia debe adoptar el régimen de votación electrónica. Esto significa que se institucionaliza algo que es severamente cuestionado a nivel global, sólo para abrirle las puertas a las licitaciones irregulares, a los sobreprecios y a la corrupción tan socialmente repudiada.
Sin embargo cuando la escribanía gubernamental que cumple el rol de Legislatura Provincial sancionó una ley para aplicar el voto electrónico en Tucumán durante 2007, el Poder Ejecutivo terminó vetando a esa disposición. ¿Por qué? Difícil saberlo a ciencia cierta, pero quizás fue porque la provincia no está para hacer un gasto tan elevado (según La Gaceta implementar el sistema costaría un poco más del doble que el sistema tradicional de papeletas, y habría que esperar varias elecciones para amortizar el gasto, pero tomando en cuenta que, mientras tanto, los equipos requieren de mantenimiento y que la tecnología se obsoletiza velozmente, lo que incrementa el gasto final). Otro motivo podría ser que en Casa de Gobierno consideraron seriamente los diversos casos alrededor del mundo (en Países Bajos, en California, etc.) en donde se ha puesto en jaque a los sistemas de votación electrónica. ¿O simplemente será tal vez que Alperovich no tiene buenos amigos con quien cerrar el negocio?